Las organizaciones campesinas Central Campesina Cardenista (CCC), Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos del estado de Hidalgo/Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (FIOAC-Hidalgo / CNPA-MN), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Regional Hidalgo (CNPA-Hidalgo), hemos acordado la formación del Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueros (CONORP) en nuestro estado.
El CONORP-Hidalgo como expresión unitaria del movimiento campesino independiente que tiene una amplia tradición de lucha, levanta una serie de planteamientos comunes que pretenden sacar al campo hidalguense de la crisis a la que ha sido conducido por el abandono y la falta de una política agropecuaria estatal que haga de nuestro sector rural la palanca del desarrollo que lleve bienestar y justicia a las familias que aquí vivimos. Por lo anterior señalamos con preocupación lo siguiente:
PRESUPUESTO Y DESARROLLO RURAL
2009 es un año donde algunos han hechos cuentas alegres bajo el argumento de que Hidalgo tiene el presupuesto mas grande de su historia: 20 mil millones de pesos. Sin embargo nos encontramos con la situación aberrante en la cual, a pesar de que el estado tiene asignados 948 millones de pesos de participaciones federales para los programas anteriormente conocidos como Alianza para el Campo (adicionales al presupuesto mencionado), hasta este momento el estado no ha aportado la contraparte de 199 millones de pesos necesarios para que estos recursos se apliquen; la disyuntiva es o se aporta la contraparte estatal necesaria o se pierden las participaciones federales en este rubro.
Esos 199 millones representan el 0.03 % del presupuesto total que el estado maneja, y el hecho de que a estas alturas del año el gobierno de Hidalgo no los aporte, dimensiona de manera preocupante el lugar que ocupa el campo en las prioridades de este gobierno. Aportar el 0.03 y del presupuesto estatal al campo es una total irresponsabilidad política y social en virtud de que el 51 % de la población Hidalguense vive en el campo y subsiste de él y que nuestro estado ocupa un deshonroso quinto lugar de pobreza entre las 32 entidades del país; pero ni siquiera apórtalo es una afrenta para los campesinos hidalguenses.
VIVIENDA: PASIVO SOBRE PASIVO
Pareciera que el asunto de la falta de aportación presupuestal para los programas de la Alianza para el Campo fuese un asunto particular de no ser porque un caso similar es el de la Vivienda. Desde hace varios años se encuentra semiparalizado el Instituto de Vivienda Desarrollo Urbano y Asentamiento Humanos (INVIDAH) hoy Promotora de Vivienda de Hidalgo (PROVIH).
INVIDAH (PROVIH) operaba los subsidios federales de Vivienda Rural y Urbana destinados precisamente al segmento de la población no atendido por el INFONAVIT, el FOVISSSTE o el FOVI; en este segmento se encuentra la población que gana menos de dos salarios mínimos y que por lo tanto se encuentra en una situación de pobreza. Debido a actos de corrupción que hicieron que las acciones de estos subsidios se aplicaran de manera incorrecta, el estado ha perdido desde 2006 los recursos estimados en 37 millones de pesos anuales de subsidios. Esto a causa de que el FONHAPO ha condicionado la entrega de estos recursos a la comprobación de la correcta aplicación de los recursos señalados, y como este requisito no ha sido cubierto, los recursos en cuestión se han perdido.
Si consideramos que además no existen programas estatales de vivienda, ni presupuesto destinado para ello, nos encontramos hoy con que el rezago de vivienda entre los pobres se sigue incrementando.
FALTA ABSOLUTA DE PLANEACIÓN DEMOCRATICA Y APLICACIÓN DEFICENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
Los planes de desarrollo sectorial para el campo y de desarrollo regional, por ejemplo el anunciado en el marco de la instalación de la Refinería Bicentenario en la Región de Tula, carecen de mecanismos de cabildeo, consulta y revisión técnica de su viabilidad, porque dentro del proceso de su creación jamás se ha consultado a la sociedad. En el mejor de los casos son solo un catalogo de buenas intenciones, pero sin ningún mecanismo concreto de política pública a nivel programático, presupuestal y normativo-legal que permita que esas buenas intenciones puedan concretarse, además de que al no establecer metas claras es imposible medir su éxito o fracaso.
Las instituciones hidalguenses creadas para el campo, se limitan a administrar los recursos de participación federal sin políticas definidas y prácticamente sin programas propios. En este contexto se han dado graves distorsiones en la ejecución de los programas federales, que de por si traen graves limitaciones para los productores pobres, dejando fuera a la inmensa mayoría de los productores de bajos ingresos violentándose el criterio de que el 70 % de los recursos deberían ir a estos, y no como sucede actualmente que es una minoría de agroempresarios coludidos con funcionarios públicos quienes acaparan los subsidios. Otra distorsión es el pago directo a proveedores que realiza la Secretaria de Agricultura bajo el argumento calumniosos de que los productores desvían los recursos, estableciéndose una mafia de proveedores y funcionarios que esquilman a los beneficiarios de los programas.
REZAGO AGRARIO Y PRIVATIZACIÓN DE LA TIERRA
En nuestro estado subsisten graves problemas agrarios, producto de que el llamado rezago agrario no se atendió debidamente; a esto hay que sumarle los nuevos conflictos generados por la reforma al artículos 27 de la constitución federal que ha dado pie a la reprivatización de la tierra con herramientas tales como el PROCEDE, que lejos de regularizar y certificar la tenencia de la tierra de los campesinos ha sido la herramienta para el despojo y la venta de la tierra a los consorcios inmobiliarios privados, donde incluso funcionarios del estado compran y venden tierra como intermediarios donde se pretenden aplicar los llamados proyectos estratégicos como la zona del Arco Norte.
Aun en el marco de los instrumentos de compra de tierra al que las autoridades han constriñido la atención del rezago agrario, estos avanzan con tortuguismo debido a que el estado no aporta recursos al Programa de Atención a Conflictos Agrarios en el Medio Rural (COSOMER) dejando la atención a estos solo con recursos federales que las organizaciones conquistan frente a la SRA. Entre los conflictos no resueltos señalamos los de Cañada Chica (Ixmiquilpan), Taxhado (Ixmiquilapan), El Tephe (Ixmiquilpan), Botho (Cardonal), San Juan (Huazalingo), Mesa Larga (Yahualica), Zacualtipanito (Tepehuacan), Michimaloya (Tula), entre otros.
MEDIO AMBIENTE, SOBREEXPLOTACIÓN Y POBREZA
El pasivo ambiental de Hidalgo es impresionante, la sobreexplotación de los recursos forestales, mineros e hidráulicos del estado, ha llevado a un grave agotamiento de los mismos, que junto con la instalación y operación de industrias contaminantes han impactado de manera significativa el equilibrio ecológico y el medio ambiente, causando pobreza y enfermedad a los ejidos y comunidades que albergan estos recursos. Lo único que refleja esta situación es la falta de sustentabilidad del modelo de desarrollo que deja a merced de los intereses caciquiles y empresariales la explotación de los recursos existentes con fines exclusivamente lucrativos. Prueba de lo anterior es el gran pasivo ambiental en amplias zonas del estado, como la región Tula-Tepeji y en particular la presa Endho que recibe las aguas negras de la ciudad de México sin tratamiento alguno con graves afectaciones a la salud y la situación de falta de desarrollo producto de la contaminación que los ha sumido aun mas en la pobreza.
Por si lo anterior fuera poco, se quiere endosar a los ejidos y comunidades el costo ambiental de las ganancias de la industria contaminante, al querernos imponer la instalación de tiraderos tóxicos como el que pretende ponerse a funcionar en Zimapan por la empresa trasnacional BAFESA, que no genera ni empleo ni riqueza y solo trae la contaminación que los industriales no quieren en sus privadas residenciales.
EL AGUA UN DERECHO SOCIAL ASECHADO POR LA PRIVATIZACIÓN
Producto de acuerdos por demás desventajosos se acepto en los años setentas el envio de las aguas negras que contaminan la ribera de la Presa Endho, pero que a su vez abastecen los distritos de riego 03 y 100, regando 80 mil hectáreas del valle del mezquital. Hoy se pretende despojar de los derechos y volúmenes de agua a los campesinos de estos distritos mediante la llamada transferencia que pretende eliminar el dominio de la nación sobre esos distritos de riego y el usufructo a perpetuidad otorgado por decreto presidencial sobre los volúmenes de agua a los ejidos de estos distritos. En la maniobra para obligar a los campesinos a la transferencia se usa la criminal falta de mantenimiento e inversión en los distritos de riego, condicionando los recursos a que los campesinos renuncien al usufructo.
A lo anterior se suma la falta de inversión en ampliar la infraestructura de riego en un estado donde el 74 % de la superficie es de temporal y por lo tanto la productividad y los riesgos ambientales son un factor que amenaza la producción. A eso hay que sumarle que una buena parte del riego esta acaparada en manos privadas de manera legal o fuera de la ley existiendo una total inequidad en el acceso al riego. Un ejemplo de esta inequidad donde el factor hidroagrícola se une al factor ambiental es que mientras la justificación institucional para el impacto negativo que sufren las comunidades de la Presa Endho es el abastecimiento del distrito de riego 03 estos campesinos no tienen acceso al agua.
SIN DIALOGO Y SIN ESPACIOS DEMOCRATICOS NO HAY GOBERNABILIDAD
Es grave que cada vez los espacios de diálogo y acuerdo entre las organizaciones campesinas y los movimientos sociales se han reducido, incluso organismos creados por Ley como el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable que debe ser presidido por el gobernador del estado, no funciona realmente para dirimir y diseñar las políticas, criterios y lineamientos para el campo.
Por el otro lado hay una gran limitación y acotamiento de los espacios de interlocución para dirimir y resolver las inquietudes y conflictos sociales, quedándose estancados la mayoría de ellos lo cual lleva al desbordamiento de los mismos por negligencia de los órganos de concertación políticas y social del estado.
Además existe una inoperancia y uso faccioso de la justicia, que se ve claramente en que cuando los pobres la demandan se paraliza y burocratiza, pero cuando estos son acusados se actúa de manera expedita para defender a potentados económicos y políticos.
LA SALIDA: UNA POLITICA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DEMOCRATICA PARA HIDALGO
El CONORP-Hidalguense propone abrir los espacios de diálogo y concertación que permitan la creación consensada de una Política de Desarrollo Rural Sustentable de largo aliento para el estado, bajo las siguientes premisas:
1.- REDISEÑO Y REDIRECCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL.
2.- PRESUPUESTO ETIQUETADO DESDE EL CONGRESO PARA EL CAMPO HIDALGUENSE.
3.- PLANEACIÓN DEMOCRATICA DEL DESARROLLO SECTORIAL Y REGIONAL.
4.- EQUIDAD SOCIAL.
5.-SOBERANIA ALIMENTARIA.
6.- GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA.
7.- PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON SENSIBILIDAD SOCIAL.
8.- APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE COMO PATRIMONIO SOCIAL.
ACCIONES URGENTES E INMEDIATAS
Para lo anterior convocamos a los actores institucionales a tomar las siguientes acciones:
1.- El establecimiento de una mesa de Diálogo Directo con el Gobernador, El Congreso del estado y el Tribunal Superior de Justicia, a fin de establecer un autentico Acuerdo para el Desarrollo Sustentable del Campo Hidalguense, donde se definan las políticas públicas para el sector rural para los próximos años en consenso con todos los actores rurales e institucionales.
2.- Desembolso inmediato de la Aportación Estatal por parte de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del estado de los 199 millones de pesos para no perder los 948 millones de aportaciones federales de los programas destinados al campo operados por la Secretaria de Agricultura y la SAGARPA, en el ejercicio fiscal 2009 que está por cerrarse.
3.- Que el Congreso del estado destine el 10% del presupuesto para programas específicos para el campo para el ejercicio fiscal 2010, y que de estos por lo menos 300 millones de pesos se destinen puntualmente para los programas federalizados destinados al campo para, aumentar los recursos federales para la atención de las demandas campesinas, etiquetándolos desde el presupuesto estatal para garantizar que no se desvíen a otros rubros.
4.- Se reactive el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable sin simulaciones, dándole ingreso a aquellas organizaciones que lo han solicitado, y se discutan en su seno los términos del funcionamiento y operación de los programas comúnmente conocidos como la “alianza para el campo” para reorientarlos hacia los productores de bajos ingresos buscando entre otras cosas, que se agilice la ejecución de los recursos correspondientes y estos se entreguen directamente a los productores beneficiarios y no a los proveedores, que han constituido una autentica mafia de corrupción con ciertos funcionarios del sector.
5.- Se aporten 100 millones recursos estatales para 2010 al COSOMER y a su vez se cree un mecanismo de atención a los conflictos agrarios que complemente el programa Federal de este rubro con uno estatal para compra de tierras, dado que el estado destina nulos recursos a pesar de tener una importante cantidad de conflictos resolubles por esta vía, que sin embargo son foco de tensión social que afecta la gobernabilidad y convivencia pacífica de la entidad.
6.- Se sanee de manera inmediata los pasivos de la PROMOTORA DE VIVIENDA DE HIDALGO, destinándole recursos etiquetados desde el presupuesto por el Congreso para el ejercicio fiscal 2010, y se garantice de igual forma las aportaciones estatales para los programas de Subsidio a la Vivienda que hoy no pueden ser aplicados debido al pasivo de este organismo de vivienda frente al FONHAPO y a la falta de los recursos financieros de aportación estatal para tales fines.
7.- Revisión del esquema de transporte público, debido a que se encuentran estancadas miles de solicitudes de ejidos y comunidades para tener concesiones y garantizar un servicio de transporte con responsabilidad social, demandando el cese inmediato del favoritismo para con los monopolios privados de transporte que actualmente protege el Instituto Estatal del Transporte.
8.- Que se cancele de manera definitiva el Tiradero Toxico de BAFESA en Zimapan y todos aquellos proyectos que lesionen los intereses de los ejidos y comunidades en materia ambiental, y de igual modo se proceda a atender las demandas ambientales, sociales, hidrológicas y de salud de las pueblos ribereños de la Presa Endho.
9.- Se desista de manera definitiva de la transferencia de los distritos de riego yse inviertan los recursos necesarios para su rehabilitación y operación eficiente, además se otorguen las concesiones necesarias y se realicen nuevas obras de infraestructura para ampliar la superficie de riego del estado, esto en el marco de una mesa de concertación para revisar estos asuntos.
10.- Se establezca una mesa de concertación estatal y federal, que atienda la problemática de supuestos adeudos de energía eléctrica que les han llegado a miles de familias campesinas, pozos de riego agrícola y sistemas comunitarios de agua potable, como el caso del Sistema de agua potable Juchitlan-Bathí de Chapantongo.
11.- Se resuelvan los casos de violaciones a los derechos humanos y se garantice el funcionamiento eficaz y transparente del sistema de procuración e Impartición de Justicia, estableciéndose mecanismos de atención a los conflictos sociales en el ámbito de la procuración e impartición de justicia del sector rural.
LLAMAMIENTO
Con estas propuestas el CONORP Hidalguense CONVOCA a la opinión pública y a la sociedad a un amplio debate sobre el rumbo del campo y su papel en el desarrollo de nuestra entidad, y a los campesinos y trabajadores agrícolas, indígenas y mestizos, hombres y mujeres, a movilizarse en torno a esta iniciativa.
A los poderes del estado les hacemos un llamado a atender estos reclamos y a abrir los espacios de diálogo y concertación para la creación de una autentica política pública de desarrollo para el sector rural, es decir, para la mitad de los Hidalguenses que hoy estamos a la deriva.
SALVEMOS AL CAMPO ¡YA!
Pachuca Hgo., a 20 de Octubre de 2009
Después de la presentación formal ante el congreso del estado se ha abierto una polémica sobre la creación del Ramo 36. Una de las voces que se han manifestado al respecto es la del líder de la CNC y ex subsecretario de gobierno Onésimo Serrano.
