CONVOCATORIA A LA MARCHA NACIONAL POR EL CAMBIO DE RUMBO ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL

El Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas

CONVOCA A LA MARCHA NACIONAL ESTE 31 DE ENERO DE 2011, PARA EL CAMBIO DE RUMBO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL DEL PAÍS
Las políticas aplicadas por la administración de Felipe Calderón mantienen al país al borde del desplome. Las estrategias neoliberales impulsadas desde el exterior y desde dentro por la clase política dominante son las responsables de las crisis económica, política y social. Para nuestro Movimiento, en consecuencia, resulta urgente continuar la lucha iniciada hace ya 4 años para cambiar el rumbo de la economía y democratizar a nuestra nación en virtud de las siguientes consideraciones:

1. Los efectos de la crisis sistémica que fue producto de la confluencia de la crisis alimentaria, la crisis medioambiental, la crisis energética y la crisis financiera, distan mucho de haber sido superados; a pesar del crecimiento económico moderado del año pasado, el poder e influencia del capital multinacional, las grandes compañías agroindustriales y los aliados empresariales del régimen se ha fortalecido; en contraste, subsiste el deterioro del campo mexicano, mientras que los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos continuaron descendiendo y los índices de pobreza se han profundizado. La pobreza alimentaria afecta ya al 18.2 % de la población, alrededor de 7 millones de jóvenes no estudia ni trabajan, aproximadamente el 60% de las personas en edad de trabajar sobrevive dentro de la economía informal mientras que 28.4 millones de mexicanos carecen de seguridad social.

2. La crisis agudizó los problemas estructurales que venía arrastrando un aparato productivo afectado por la aplicación de políticas de ajuste que mantienen deprimido al mercado interno y que agravan la crisis agroalimentaria. Tal es el caso del desempleo, según cifras oficiales, la tasa de desocupación del 2010 representa poco menos del 5% de la población económicamente activa (2.3 millones de personas), cifra que puede elevarse hasta el 17% si se aplica la metodología de la OIT para medir este indicador. Se estima que, para resolver tan solo la demanda insatisfecha de empleo de los últimos 10 años habría que crear al menos 4 millones de nuevos puestos de trabajo.

3. La carestía que se ha presentado de manera recurrente en los últimos años ha erosionado drásticamente el poder de compra de los salarios, en ella han influido factores como la crisis alimentaria nacional e internacional o los incrementos graduales que, desde 2009, se aplican a la gasolina y el diesel, los que ejercen un efecto multiplicador sobre los precios de diversos bienes y servicios. Uno de los sectores más afectados por las recientes escaladas de precios es el de los trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos y que dedican el 63% de sus precarios ingresos a gastos de alimentación y transporte. Entre los años 2000 y 2009, artículos de la canasta básica como el azúcar y el frijol se encarecieron 169 y 142%, respectivamente, mientras los salarios apenas se incrementaron el 51.4%. La carestía de principios de este año, que pulverizó al minúsculo aumento de los salarios mínimos, se recrudecerá por las posibles alzas que el maíz y otros productos de primera necesidad experimentarán debido al desabasto mundial de alimentos.

4. Las finanzas públicas, por su parte, enfrentan un notorio debilitamiento debido a la contracción del mercado interno y a un régimen fiscal inequitativo, lo que implica el riesgo latente de un colapso si, como auguran varios analistas, se produce un incremento de las tasas de interés del servicio de la deuda pública que en los últimos 4 años creció un 90.7% por lo que, en noviembre del 2010 su monto llegó a 4 billones 450 mil millones de pesos.

5. En el ámbito de la inseguridad, diariamente se multiplican los reportes de ejecuciones vinculadas con la acción del crimen organizado y con la sistemática violación de los derechos humanos por parte de la Marina, la Policía y el Ejército. Regiones enteras del país viven en la incertidumbre o están controladas por los grupos de delincuentes. Existe un marcado deterioro de la capacidad del Estado para afrontar sus responsabilidades más elementales y hacer valer el estado de derecho con lo que se refuerza el quebranto de la economía y se inhiben las inversiones que el país necesita.

6. El recrudecimiento de la espiral de violencia hace evidente el fracaso de la guerra frontal contra el narcotráfico que encabeza el gobierno federal. Peor aún, al amparo de la misma y del uso faccioso y la corrupción del aparato de justicia se han elevado los casos de violaciones a los derechos humanos de la población, así como la criminalización de la protesta social expresada en la persecución, asesinato y encarcelamiento de diversos dirigentes y luchadores sociales. En este contexto, indignan los asesinatos de Susana Chávez, Marisela Escobedo y Josefina Reyes, activistas que se habían destacado en la lucha por los derechos civiles en una época en la que, fenómenos aberrantes como los feminicidios o los ajusticiamientos de ciudadanos inocentes se han convertido en sucesos cotidianos. Nuestro movimiento condena estos hechos, exige el castigo para los autores materiales e intelectuales de estos crímenes y une su voz a la de aquellas personalidades y ciudadanos que impulsan la campaña ¡Basta de sangre en México!

7. El Ejecutivo ha asumido una clara defensa de los intereses empresariales, particularmente el de las televisoras. Muestra de ello son: la quiebra fraudulenta de Mexicana de Aviación, la polémica licitación 21 del espectro radioeléctrico, la arbitraria e inconstitucional disolución de Luz y Fuerza del Centro y el conflicto Minero que lleva ya 5 años de resistencia en contra de la represión y de la persecución política del gobierno federal. Exigimos solución integral para estos conflictos, particularmente, el caso minero. La pretensión de favorecer las oportunidades de negocio para los particulares a expensas de los derechos de los trabajadores y la nación, ha impedido que se encuentren vías de solución pacífica y con pleno respeto a los derechos sociales adquiridos, lo que ha dado lugar al surgimiento de nuevos problemas alrededor de los conflictos no resueltos, como los que tienen que ver con el incremento desmesurado del servicio eléctrico en la anterior zona de trabajo de LyFC o con la pérdida de soberanía en el espacio aéreo mexicano.

8. En este contexto enrarecido se desarrollarán las contiendas electorales locales que prepararán el terreno para la sucesión presidencial del 2012, ámbito en el que la conducta del Titular del Poder Ejecutivo, quien se ha manejado más como jefe de partido que como responsable del actual gobierno, le agrega un foco de tensión extra al ya de por sí convulsionado ambiente político nacional.

La confluencia de la violencia generalizada, la polarización político electoral y las tensiones sociales asociadas con la persistencia de una estrategia económica que propaga la pobreza y agudiza la desigualdad, se están convirtiendo en el caldo de cultivo de una crisis política, económica y social aún más severa que la del 2006. Esta es precisamente la tendencia que nuestro Movimiento considera urgente revertir y es la razón por la que a partir del próximo 31 de enero de 2011, impulsaremos de nueva cuenta un programa de movilizaciones cuyo eje central es la modificación del régimen económico, político y social de nuestra nación a partir de la solución de los conflictos sociales existentes, el rescate del campo mexicano, la reactivación del mercado interno, el respeto pleno de los derechos humanos, políticos y laborales de la sociedad mexicana, el regreso del ejército a los cuarteles, para detener el actual baño de sangre y el desmantelamiento del corporativismo y el clientelismo.

Para nuestro movimiento, el reto consiste en abrir paso a un proceso de cambio de fondo sustentado en la participación social y en 5 grandes reformas que son:

1. La Reforma del Régimen Político. Que incluye entre otras vertientes: la construcción de una nueva institucionalidad democrática, que contemple el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato, así como el derecho a la autonomía y el autogobierno de las comunidades y las colectividades locales de manera que, con éstos y otros instrumentos se garantice la participación social en el diseño e instrumentación de las principales políticas públicas y la democratización del mundo del trabajo.

Para ello un primer paso es derrotar al proyecto antisindical de Reforma Laboral que promueve el gobierno federal, el otro ingrediente esencial del proceso es el desmantelamiento del sistema de control corporativo de Estado, a partir del fortalecimiento de la independencia y autonomía sindicales y de la contratación colectiva auténtica.

2. La Reforma Económica. Cuyo punto de partida es la promoción del crecimiento económico con redistribución del ingreso, lo que hace necesaria una reforma fiscal redistributiva y progresiva así como una estrategia de crecimiento incluyente y de reactivación del mercado interno.

3. La Reforma de la Política Social. Que implica sustituir las políticas asistencialistas vigentes por políticas de desarrollo y participación social, fortalecer y universalizar el sistema de salud y seguridad social e impulsar la educación pública, laica y gratuita, así como el desarrollo cultural, científico y tecnológico tal y como lo establece el articulo tercero de nuestra carta magna.

4. La Reforma Agropecuaria. Para revertir el abandono crónico del campo mexicano mediante la articulación de programas de fomento al desarrollo agropecuario y pesquero que permitan alcanzar la soberanía alimentaria, que faciliten a los pequeños y medianos productores la adquisición de capacidad productiva competitiva y que, finalmente, contribuyan a elevar el empleo, el ingreso y el bienestar de la familia campesina y

5. La Reforma de la Política Exterior. Para robustecer la autodeterminación de nuestra nación y establecer mecanismos para la justiciabilidad de todos los derechos humanos fundamentales comenzando por los derechos de los migrantes; en este orden de ideas apoyamos su lucha por un trato digno tanto en México como en los Estados Unidos.

Por todo lo anterior convocamos a las asociaciones de profesionistas, los grupos de académicos, los intelectuales, las asociaciones civiles, los sindicatos, las agrupaciones del campo, los estudiantes, las redes civiles y en general, a toda la sociedad civil, a participar en la construcción de un proyecto propio de país que parta del bagaje de propuestas que se han generado al calor de la lucha social de los últimos años; llamamos al Poder Legislativo a retomar el proceso de diálogo con nuestro Movimiento, a fin de reiniciar el análisis de nuestros proyectos. Demandamos su intervención en la resolución de los conflictos de los Sindicatos Minero y Mexicano de Electricistas y para detener las graves amenazas lanzadas por el Titular del Ejecutivo en contra de los trabajadores electricistas y los usuarios que luchamos contra las irritantes alzas a las tarifas eléctricas.

Este 31 de enero, fecha en que principia la campaña internacional por la libertad sindical y la autonomía del movimiento obrero mexicano, refrendaremos el Pacto Político que le da vida a nuestro Movimiento ampliando nuestro marco de alianzas para crear una fuerza político-social capaz de impulsar el cambio que nuestra nación requiere. Las primeras acciones de esta etapa de lucha serán la movilización nacional que se llevará cabo el 31 de enero y que partirá, al filo de las 17:00 horas, del Ángel de la Independencia, para desembocar en el Zócalo de la Ciudad de México, así como en las marchas que simultáneamente se realizarán en las principales ciudades de nuestro país. Adicionalmente, durante esta Jornada de Lucha nuestro Movimiento enarbolará las siguientes demandas:

• Fin a los aumentos escalonados de los combustibles. Congelamiento de las tarifas y servicios del sector público (electricidad, gas, diesel y gasolinas). En este sentido urge frenar el incremento desmesurado y abusivo en los cobros por concepto del servicio eléctrico, por lo que nuestro movimiento apoya las demandas colectivas para revertir esta situación y derogar la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).

• Aumento salarial de emergencia y control de precios a los artículos que integran la canasta básica. Programa permanente para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

• Insistimos en la renegociación del TLCAN y el rescate del campo mexicano así como la aplicación de programas permanentes para la producción de granos y alimentos básicos.

• Por la inmediata solución de las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete y los conflictos que involucran a los mineros y a los electricistas del SME.

• Libertad a los presos políticos del SME, Mineros y otras organizaciones sociales.

• Exigimos castigo a los responsables de los homicidios de Susana Chávez, Marisela Escobedo y Josefina Reyes.

• Alto al baño de sangre causado por la errática política del combate al crimen organizado. No más impunidad ante los feminicidios y la violación de los derechos humanos de la población.

• Rechazamos la Reforma Laboral antisindical del gobierno federal y su presunta Alianza por la Calidad de la Educación. Denunciamos que ninguno de estos proyectos ha sido consensado con los trabajadores. Asimismo, condenamos el uso del personal y los recursos públicos para promover campañas electorales, exigimos castigo y juicio político a los responsables por estos actos.

• Apoyo a las revisiones salariales y contractuales de los sindicatos mexicanos, particularmente las del sector universitario.

• Exigimos el esclarecimiento del siniestro ocurrido en la Guardería ABC de Hermosillo, Son. y el castigo a los responsables.


México, D. F., Enero de 2011.
Por el cambio de rumbo económico, político y social del país
Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas


Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Confederacion Nacional Campesina (CNC), Frente Sindical Mexicano (FSM), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana-Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Movimiento Nacional los de Abajo.

PRESA ENDHO: DESARROLLO, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CAMPESINA EN EL ESTADO DE HIDALGO

Entre los años 1947 y 1953 fue construida en el Valle del Mezquital del estado de Hidalgo, en los límites de los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán la Presa Endhó. Esta presa abarca una superficie de 1260 hectáreas y tiene una capacidad de almacenamiento de 182 millones de M3 de agua.

Esta presa se encuentra en la cuenca hidrológica del Valle de México y es precisamente en el afluente del rio Tula-Moctezuma-Panuco que desemboca en el golfo de México.

La principal función de la presa Endhó desde 1973, es recibir las aguas negras que provienen del emisor central del drenaje de la ciudad de México y del corredor industrial Cuautitlán-Tepejí-San Juan del Rio, y a su vez distribuirlas a los distritos de riego 003 de Tula y 100 de Alfajayucan, que abarcan una superficie de 85 mil hectáreas de tierra, uno de los aspectos centrales es que desde el inicio y hasta la fecha las aguas residuales llegan sin tratamiento de ningún tipo, con una composición de 47 % de desechos industriales y 53 % de desechos domésticos.

En la ribera de la presa se encuentran 14 comunidades las cuales son: Santa María Daxtho, El Retiro, San Pedro Nextlalpan, La Loma, Pedro María Anaya, Santa Ana Ahuehuepan, Benito Juárez, San Francisco Bojay Colonia, San Francisco Bojay Pueblo, Xijay de Cuauhtémoc, Santa María Michimaltongo, Xiteje de Zapata, Michimaloya y San Miguel de las Piedras, donde viven alrededor del 20 mil habitantes.

En la zona de Tula (occidente del valle del mezquital) se encuentran un corredor industrial donde están establecidas la Refinería “Miguel Hidalgo”, la Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” de la CFE, las plantas de tres cementeras (Cruz Azul, Tolteca-CEMEX, Lafarge), Clarimex, Cargill, Fud, entre otras, que también vierten buena parte de sus desechos hacia la presa.

La zona es la más contaminada del estado de Hidalgo y una de las más contaminadas de México y de América Latina, y es objeto de una gran cantidad de análisis científicos y académicos, pero de ninguna medida concreta que atienda y remedie su problemática ambiental.

Por si esto fuera poco, desde hace algunos años la región vive nuevas presiones empresariales y gubernamentales sobre la tierra, el agua y el deteriorado medio ambiente a partir de la construcción de la autopista Arco Norte (comunicara el puerto de Lázaro Cárdenas en el pacifico con el puerto de Veracruz en el golfo), y el anuncio de la construcción de una segunda refinería llamada “bicentenario”, el puerto seco y la nueva instalación de empresas a partir de estos macro proyectos.

INJUSTICIA CON EL PRETEXTO DEL “DESARROLLO”

La construcción de la Presa Endhó requirió de la reubicación de los pueblos que habitaban ese lugar; sus habitante de buena fe accedieron a abandonar sus pueblos y a emigrar a las zonas altas bajo la promesa del gobierno mexicano de que se les dotaría de agua para irrigar sus tierras, y que además la presa representaría la posibilidad de que sus pobladores se dedicaran a la pesca y al turismo, y que con ello contribuían al “progreso” del país.

Desde entonces las autoridades incumplieron sus compromisos. El argumento oficial del gobierno mexicano para justificar la Presa Endhó es que es un componente vital para la dotación de agua negra a los distritos de riego 100 y 003, pero a las comunidades ribereñas, a quienes se les expropiaron más de 1200 hectáreas de tierras y se les despojo de sus pueblos, jamás se les doto de agua de riego y sus tierras siguen siendo de temporal.

Por otra parte las actividades piscícolas y turísticas iníciales se acabaron abruptamente en 1973 con la llegada de las aguas residuales que contaminaron el agua y acabaron con la fauna y flora que existía en el agua del vaso de la presa.

Además, la grave contaminación ambiental ha deteriorado gravemente la salud de la población debido a las altas concentraciones de cianuros, metales pesados y toda clase de contaminantes industriales y orgánicos que se vierten en la presa. En la zona hay una grave incidencia de enfermedades tales como leucemia, cáncer, hepatitis, infecciones de la piel muy por arriba de la media nacional y estatal, reconocido por la propia Secretaria de Salud en diversos estudios.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua ha declarado en los estudios respectivos hechos en el año 2007 que los pozos del sistema de agua potable de Tepetitlán se encuentran contaminados y que esto es causa directa de las enfermedades que padece la población.

Una cuestión central es que las enfermedades los riesgos sanitarios y la contaminación del agua han eliminado o limitado las actividades productivas agropecuarias de la zona llevando a las comunidades a la pobreza, baste recordar que las comunidades de alta marginación de la región se concentran en la ribera de la presa Endhó y el Occidente de Tula.

RUPTURA Y MOVILIZACION CAMPESINA

Las comunidades ribereñas de la Presa Endhó han levantado la voz en distintos momentos para demandar la atención a la contaminación, después de décadas de creer en las falsas promesas de las autoridades.

En 1993 una movilización en Pachuca, capital del estado de Hidalgo, por la proliferación de lirio acuático y una plaga de mosco culex que afecta recurrentemente a la presa, obligo a las autoridades a triturar el lirio para reducir esa plaga.

La respuesta del gobierno de Hidalgo, lejos de atender la problemática ambiental, fue incorporar a la clase política a algunos de los activistas de esa movilización (mediante diputaciones, cargos en la administración pública, e incluso una directora del Consejo Estatal de Ecología de Hidalgo) y promover una asociación civil llamada Comité Ecológico Tula-Tepetitlán como herramienta de control político, que funciono mas o menos hasta 2007.

Junto con el agravamiento de la problemática ambiental en la región, en el año 2003 comenzó a gestarse la ruptura con el oficialismo, cuando en ese año la SEMARNAT, el COEDEH y las autoridades municipales de la zona intentaron instalar en el vecino municipio de Chapantongo un tiradero toxico (el proyecto que ahora ocasiona el conflicto de Zimapán), lo cual genero un amplio movimiento de rechazo de mas de 40 ejidos y comunidades de 6 municipios hidalguenses y mexiquenses, que tuvo éxito al detener la instalación de esta empresa a iniciativa de la FIOAC.

A partir de ese momento y ante una plaga de lirio acuático y mosco cúlex el gobierno hidalguense intento repetir la fórmula aplicada en el 93, pero la falta de resultados y el descredito del gobierno y sus promotores llevaron a la creación del Consejo de los Pueblos Ribereños de la Presa Endhó, y el desconocimiento del Comité Ecológico Tula-Tepetitlán AC como interlocutor valido, impulsado otra vez por la FIOAC.

A partir de ese momento las comunidades ribereñas se declararon en resistencia y han levantado un conjunto de demandas y han realizado constantes movilizaciones entre ellas las protestas que durante la presentación del Plan Hídrico Nacional hecha por el presidente Felipe Calderón en Tepetitlan en marzo de 2008.

NUESTRAS DEMANDAS

Desde 2007 las comunidades ribereñas plantean, un conjunto de demandas contenidos en la llamada AGENDA PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA PRESA ENDHO que plantea centralmente:

1.- El reconocimiento oficial de la problemática ambiental de la Presa Endho a partir de una declaratoria de la SEMARNAT de zona de Desastre Ambiental, y la implementación de un programa de remediación y mitigación ambiental integral para la zona.

2.- El saneamiento de las aguas negras de la presa y el establecimiento de las plantas de tratamiento que desde finales de los 70 vienen prometiendo todos los presidentes de la república y todos los gobernadores y nadie ha instalado hasta la fecha.

3.- La Dotación de agua de riego agrícola para 5 mil hectáreas de las comunidades ribereñas y la construcción de las obras la expedición de las concesiones y títulos respectivas; además de el saneamiento o reposición de los pozos de agua potable contaminados.

4.- Un programa especial de salud para las comunidades ribereñas con cobertura total, universal y gratuita, y la construcción de un hospital especializado que atienda las enfermedades inherentes a la contaminación, particularmente cáncer.

5.- El reconocimiento de que la contaminación ambiental destruyo las actividades productivas y es generadora de pobreza y marginación, por los que se demanda la reclasificación de las comunidades como de alta marginación y la creación de la microrregión de combate a la pobreza de la Presa Endhó. A partir de esto la creación de un programa de desarrollo rural sustentable que reconstruya productiva y socialmente el entorno de nuestras comunidades.

6.- La creación de un fideicomiso publico con representación social e institucional para la definición y ejecución de las acciones ambientales y sociales de la presa Endhó.

RUMBO A CANCUN: SE FORTALECE LA LUCHA CAMPESINA EN DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

Del 1 a 10 de Diciembre se llevara a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, la décimo sexta cumbre sobre Cambio Climático (COP 16) convocada por la ONU. Esta cumbre de los gobiernos del mundo ha declarado oficialmente que pretende solucionar los problemas ambientales generados por el modelo de desarrollo industrial, que ha agotado los recursos naturales, contaminado el medio ambiente, y generado gases de efecto invernadero que ha ocasionado el calentamiento del planeta. Sin embargo son estos mismos gobiernos y los intereses empresariales que los impulsan quienes son responsables del deterioro ambiental y del calentamiento global.

Poderosos intereses empresariales se oponen a cualquier compromiso y medida que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero de manera sustancial, lo que implicaría una importante reconversión tecnológica de la industria y la agricultura a modelos sustentables, el cese de la explotación desmedida de los recursos naturales y su conservación como patrimonio de los pueblos, y una reducción de la intensidad de la explotación económica del hombre y del ambiente.

En 1997 la Conferencia sobre Cambio Climático de Kioto, Japón, emitió un protocolo que obligaba a los países a reducir en al menos 5 % las emisiones de carbono (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoricarbonos, Prefluorocarbonos, hexafluoruro de azufre) a la atmosfera en relación a los niveles de 1990, entre los años 2008 y 2012. Este protocolo fue signado por 187 naciones, sin embargo Estados Unidos, país responsable del 25 % de la emisión de gases de efecto invernadero se negó a ratificarlo.

Por otro lado, y ante el fin del protocolo de Kyoto cada vez es más evidente la actitud de los gobiernos del mundo de eludir cualquier compromiso que los obligue a reducir la emisión de contaminantes, en buena medida por el cabildeo de las grandes corporaciones trasnacionales de los energéticos, la industria, los alimentos y las finanzas. Lo anterior quedo manifiesto en la cumbre de Copenhague del 2009 y el rumbo en la COP 16 de Cancún no ha cambiado.

En la Primera línea de defensa del medio ambiente han quedado los campesinos y las comunidades indígenas que se oponen a la privatización y depredación de los bosques, selvas, los ríos, el agua, la tierra y la biodiversidad para los megaproyectos de desarrollo, para hacer jugosos negocios.

La defensa de los recursos naturales, el ambiente y el territorio, la lucha contra la privatización de las semillas que pretenden hacer corporaciones para modificarlas genéticamente (transgénicos), la defensa la producción campesina autosustentable, la oposición a que se ocupe la superficie cultivable destinada a la producción de alimentos para producir biocombustibles (etanol, biodiesel, etc.), acompañan hoy las reivindicaciones agrarias y sociales del movimiento campesino.

No es casual que tanto la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y la Vía Campesina, que son las instancias internacionales del Movimiento Campesino en Latinoamérica y el Mundo, estén convocando a una Jornada de Protestas, donde las organizaciones y movimientos campesinos, indígenas, sindicales y altermundistas mexicanos seremos los anfitriones.

En México las organizaciones campesinas del CONORP, los Movimientos de Resistencia aglutinados en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales asi como diversas organizaciones sindicales, populares y civiles están organizando esta amplia jornada que tendrá escenario este diciembre en Cancún.

México no es ajeno a esta problemática, grandes proyectos empresariales han ocasionado una fuerte movilización social en defensa del ambiente, tal es el caso de la oposición a las presas de la Parota en Guerrero, el Zapotillo en Jalisco, el Cajón en Nayarit, la lucha contra el tiradero toxico de BAFESA en Zimapan en Hidalgo, la lucha contra Minera San Xavier en San Luis Potosí, y la destacada lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco contra el aeropuerto en el estado de México, entre otros.

La CNPA-MLN a través de sus organizaciones regionales viene desarrollando luchas importantes: en Chiapas en la zona de las grandes presas en el conflicto conocido como el “Tapón de Grijalva", y en el estado de Hidalgo la FIOAC demanda la solución integral a la problemática ambiental y social de la Presa Endho en la zona de Tula, así como antes lograron detener la instalación de un tiradero toxico en Chapantongo en 2004.

Por ello nuestra CNPA-MLN estará presente en Cancún, refrendando la vigencia del Plan de Ayala que a 99 años de su promulgación sigue siendo nuestra bandera, para refrendar nuestra consigna:

¡¡OTRO CAMPO ES POSIBLE!!
¡¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!!

EN EL 31 ANIVERSARIO DE LA CNPA Y EL 99 ANIVERSARIO DEL PLAN DE AYALA NUESTROS PRINCIPIOS SIGUEN VIGENTES

Este 28 de Noviembre se cumplen 31 años de la fundación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en la comunidad indígena náhuatl de Milpa Alta y 99 años de la promulgación del Plan de Ayala por el General Emiliano Zapata y los jefes revolucionarios del Ejercito Libertador del Sur.

El nacimiento de nuestra CNPA en 1979 fue un hecho que marco el relanzamiento de la lucha agraria hacia la década de los 80, que tuvo momentos álgidos en los años de 1983 y 1984 con las marchas-caravanas que recorrieron el país denunciando los graves conflictos agrarios ocasionados por los latifundistas, y la complicidad del gobierno en la no entrega de la tierra a los ejidos y comunidades.

Los principales actores de este periodo fueron los movimientos y organizaciones regionales independientes que articularon sus luchas nacionalmente en la coordinadora, sin perder su identidad regional, rompiendo el control corporativo ejercido por el Estado Mexicano en un importante segmento del campesinado, reavivando las banderas y los ideales zapatistas plasmados en el Plan de Ayala.

Las acciones de masas de la CNPA coinciden con otros esfuerzos de unidad y movilización como lo fueron la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y es una de las primeras respuestas al neoliberalismo justo en su momento de los primeros intentos de aplicación de la contrarreforma agraria en México.

El camino de la CNPA ha sido arduo, y no ha estado exento de momentos de definiciones, particularmente la reforma al artículo 27 constitucional para eliminar el reparto agrario, y sentar las bases para la privatización del ejido y la comunidad en el 1992 impulsado por el entonces presidente Carlos Salinas.

Refrendamos nuestra vigencia defendiendo al ejido y la comunidad, luchando por la soberanía alimentaria, los recursos naturales y el medio ambiente como patrimonio social frente a la depredación empresarial, y defendiendo las libertades democráticas y nuestros derechos de organización y movilización independiente.

Hemos sido constructores del Movimiento “El Campo No Mas” en 2003, del Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (CONORP) y del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, los Derechos Laborales y las Libertades Democráticas.

La mejor manera de celebrar a la CNPA es luchando y manteniendo en alto sus banderas inspirados en el Plan de Ayala, forjando una nueva generación de jóvenes en el campo, como hoy lo hacemos en las luchas del siglo XXI.

EL ETIQUETAMIENTO DEL 10 % DEL PRESUPUESTO AL CAMPO HIDALGUENSE ES NECESARIO E INAPLAZABLE

Tal y como se ha venido proponiendo por el CONORP desde el año pasado, es necesario que en el Presupuesto Estatal 2011 se destine cuando menos el 10% de los recursos con que cuenta el estado dentro del presupuesto estatal para la atención de los problemas económicos, agrarios, ambientales y sociales del campo.

Nuestra petición parte de una serie de consideraciones entre las que destacan 3:

1.- Que de acuerdo con el conteo de población 2005 (última cifra oficial disponible)) el 52% de los Hidalguenses viven en el campo; 2.- Hidalgo ocupa el 5to lugar en pobreza de los cuales el 70 % se concentra en localidades rurales; 3.- No existen programas estatales que constituyan una política de desarrollo rural integral y sustentable que garanticen la viabilidad de nuestro campo que nos permitan potenciar nuestras capacidades como estado y abatir la pobreza y los rezagos históricos que arrastramos.

En este tenor es de señalarse que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 y el Plan Sectorial relativo al Campo, diagnosticaron en términos generales la problemática del campo hidalguense, pero no generaron ninguna estrategia ni programa concreto para la atención del diagnostico. Consideramos que en esta tarea tiene responsabilidad el ejecutivo estatal, pero también y de una manera destacada el Congreso, al ser quien desde el ámbito legislativo y presupuestal define las prioridades del estado, donde desafortunadamente el tema rural no se ha reflejado.

Para nuestras organizaciones campesinas existen 5 rubros urgentes de atender que son:

1.- Inversión Productiva y Fomento de la Competitividad.- Es grave que no este garantizada la aportación del estado (25%) al Fideicomiso del Programa Activos Productivos desde el año pasado, pero mas grave todavía es la inexistencia de un programa estatal de Inversión Productiva que sea el pilar del desarrollo agropecuario, forestal y pisicola que garantize la competividad del campo hidalguense y la incorporación a estas actividades de quienes hoy migran por el abandono del sector, tan solo en 2010 hubo casi 45 mil solcitudes de apoyo de las cuales en caso de que el gobierno de hidalgo cubra la totalidad de sus aportaciones podrán apoyarse no mas de 5 mil.

2.- Resolución de Conflictos Agrarios.- Existen alrededor del 20 conflictos agrarios que son foco rojo, motivo de constante intranquilidad y falta de paz social en el estado, muchos de ellos resolubles mediante un mecanismo de compra de tierras federal (COSOMER) que aplica a cuenta gotas o no aplica, por falta de aportación del estado de los recursos correspondientes.

3.- Infraestructura Hidraulica.- Desde hace años la infraestructura hidráulica no crece, y la existente no se ha modernizado por falta de recursos y de un Plan y Programa de desarrollo hidráulico que garantize tener este recurso disponible y su uso racional y eficiente, el cual es requisito indispensable para detonar el desarrollo en amplias zonas temporaleras.

4.- Medio Ambiente.- A pesar de que tenemos graves problemas ambientales y un gran pasivo en la materia como en la región de Tula que es una de las mas contaminadas del país, no existen programas ambientales estatales ni mucho menos una política que atienda de fondo la problemática del estado.

5.- Desarrollo Social y Vivienda Rural.- Las inversiones en Desarrollo Social no están transparentadas y en buena medida algunos programas que se desarrollan no están garantizados presupuestalmente y su operación y presupeustacion es discrecional, tal y como sucede con el programa alimentario y el de útiles escolares gratuitos. En el tema de Vivienda arrastramos un pasivo cercano a los 200 millones de pesos de adeudos con el FONHAPO que ha impedido bajar en estos años otros 200 millones de pesos de subsidios para la vivienda, que aunado a la falta de un programa estatal en la materia ha hecho que la vivienda rural sea un rubro inexistente en Hidalgo.

Por lo anterior proponemos destinar 2 mil millones de pesos en el ejercicio presupuestal 2011 para crear el ramo 36 para el campo distribuidos de la siguiente manera:

RAMO 36 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL CAMPO HIDALGUENSE

1.- INVERSION PRODUCTIVA Y COMPETITIVIDAD - 700 MILLONES (2OO para aportación al convenio de Activos y 500 para Programa estatal de Inversión rural).

2.- FONDO PARA COMPRA DE TIERRAS PARA RESOLUCION DE CONFLICTOS AGRARIOS - 100 MILLONES.

3.- INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA - 400 MILLONES.

4.- MEDIO AMBIENTE - 300 MILLONES.

5.- DESARROLLO SOCIAL - 300 MILLONES

6 FONDO ESTATAL DE VIVIENDA - 200 MILLONES

Creemos que nuestra porpuesta es responsable y da el principal elemento para una política de desarrollo rural sustentable al otorgar recursos para la creación de los programas de atención que den sustento a esta política. Sin embargo hara falta diseño programático, reglas de operación planeación y otros elementos que se tendrán que construir.

Señalamos que es contradictorio que el Congreso del estado no etiquete los recursos para el campo pero en cambio si se vea reflejado y garantizado el costo de la burocracia dentro del mismo, tal y como sucede con la Secretaria de Agricultura, El COEDE e incluso el PROVIH.

Les proponemos iniciar una ruta critica que incluya:

1.- Foro sobre presupuesto rural 2011 convocado por el Congreso.
2.- Reunión de Trabajo con las Comisiones del Presupuesto con la presencia de la Secretaria de Finanzas, Nuvia Mayorga, y las organizaciones campesinas.
3.- Aprobación de un presupuesto estatal 2011 que etiquete el 10% de los recursos para el campo en el ramo 36.

ATENTAMENTE
9 de Noviembre de 2010
“SALVEMOS AL CAMPO HIDALGUENSE”
CONORP HIDALGO

SE LEVANTA EL PLANTON DEL CONORP CONTRA LA INJUSTICIA EN HIDALGO


El 20 de Marzo de 2010 las organizaciones del CONORP Hidalgo acordaron levantar el Plantón de la Jornada contra la Injusticia en la Plaza Juárez de Pachuca Hgo.

Las consideraciones bajo las cuales se ha decido levantar el plantón es atender una propuesta del gobierno del estado de Hidalgo de resolver en un plazo de 15 días las demandas del CONORP contenidas en el documento "Salvemos al Campo Hidalguense" y de reencauzamiento del conflicto agrario del Botho Cardonal, que desemboque en la restitución de sus tierras para los ejidatarios despojados, además de la revisión de las irregularidades del proceso penal contra los militantes de la FIOAC-CNPA-MN Javier Tapia Doniz y Pascual Tapia Escobar que concluya en su liberación.

Informamos a las organizaciones hermanas, a la opinión pública y al pueblo de Hidalgo y de México, para su conocimiento, además de agradecerles el apoyo brindado durante los 12 días que duro el plantón.

De igual modo hemos acordado que de no avanzar en el cumplimiento de los compromisos reanudaremos las acciones de protesta.

FRATERNALMENTE
20 de Marzo de 2010
FIOAC-CNPA-MN

INICIA EL CONORP JORNADA CONTRA LA INJUSTICIA EN EL CAMPO HIDALGUENSE



El pasado 8 de marzo el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (CONORP) inicio la Jornada por contra la injustica y la impunidad en el campo Hidalguense.

Esta jornada ha dado inicio con un Planton Permanente en  la Plaza Juarez de la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, en el cual participan comisiones de las organizaciones FIOAC-CNPA-MN, CCC, CODUC, CIOAC, UFIC,COPCPA y COCYP.

Las demandas centrales de esta Jornada son:

1.- Liberacion de Javier Tapia Doniz y Pascual Tapia Escobar, campesinos de la FIOAC presos por defenderse de un ataque de un grupo paramilitar y caciquil dirigido por los hermanos Paulin en la region de Tula, quienes son protegidos por el gobierno de Miguel Osorio Chong.

2.- La restitucion de 100 hectareas de las que fueron despojados los campesinos CCCistas del ejido de Botho, municipio de Cardonal, por parte de pequeños propietarios del Rosario quienes actuan como grupo paramilitar al amparo del gobierno hidaguense y sus policias.

3.- El cese al condicionamiento electoral que han hecho las autoridades hidalguenses para la atencion de las demandas del CONORP Hidalgo plasmadas en el pronunciamiento SALVEMOS AL CAMPO HIDALGUENSE, mismo que se encuentra paralizado en represalia por la negativa de nuestro Consejo a hacer acuerdos electorales a favor del gobierno.

En breve nuestras organizaciones realizaran nuevas acciones ante la soberbia gubernamental a las urgentes demandas del sector rural del estado.

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!
¡RESTITUCION DE LAS TIERRAS DEL BOTHO CARDONAL!
¡JUSTICIA PARA EL CAMPO HIDALGUENSE!