En el año 2000 se le impuso la entrada del Programa de Certificación de Derechos Ejidales al ejido de Michimaloya, del municipio de Tula de Allende estado de Hidalgo. Esto se logro después de dos intentos hechos por los caciques de Michimaloya y la Procuraduría Agraria de que la asamblea ejidal lo aprobara (8 de agosto de 1999 y mayo de 2000), en los que se encontraron con la oposición de la mayoría de los ejidatarios. Solo después de hacer votar a gente que no era titular de derechos agrarios lograron hacer mayoría de un solo voto, en una acción ilegal avalada por las corruptas autoridades de la Procuraduría Agraria.
Después de esto los caciques, los visitadores de la PA y la brigada de medición del PROCEDE se dedicaron a medir y a asignar tierras ejidales de manera ilegal, dejando en las actas como supuestas tierras de uso común las parcelas del núcleo de ejidatarios que se opuso activamente a la entrada del PROCEDE como venganza política por su oposición. No solo se dejaron las parcelas de cerca de 20 ejidatarios como supuestas tierras de “uso común” sino que en esa calidad dejaron los solares urbanos y la plaza pública de la col. El Vindho, además del desconocimiento de participación dentro de las tierras de uso común al que todos los ejidatarios tienen derecho.
La sombra del despojo se cierne sobre los ejidatarios y los pobladores de Michimaloya; Solo la defensa a ultranza de la tierra y el mantenimiento de la posesión a frenado los constantes intentos de despojo por parte de los caciques que controlan la representación ejidal.
Desde esa fecha los caciques realizan constantes despojos de predios ejidales y privados, aprovechándose de la irregularidad legal de la tierra que ellos mismos provocan para argumentar que “no tienen dueño” y apropiárselos para venderlos o aprovecharlos de manera personal.
La estrategia de despojo viene acompañada de maniobras y medidas de presión, tales como los citatorios del comisariado ejidal a citas donde se les propone que firmen contratos de supuesto arrendamiento por cinco años, en espera de supuestos cambios a la ley para que se les regularice.
Ademas cuando los ejidatarios opositores al PROCEDE han solicitado asesoría a la Residencia de la Procuraduria Agraria en Tula, sistemáticamente protege a los caciques y les niega asesoría y actuación incumpliendo con sus obligaciones legales de dar asistencia y asesoría legal a los campesinos.
Hoy la sombra del despojo vuelve a aparecer con una nueva acción de injusticia ahora instrumentada por las políticas anticampesinas de la SAGARPA. Se les ha negado a los campesinos opositores al PROCEDE la reinscripción al PROCAMPO para el año 2009, y con ello les niega el subsidio al que como productores de alimentos tienen derecho desde que este programa se creo a mediados de los años 90, bajo el ruin argumento de que sus certificados de derechos agrarios son anteriores a la entrada del PROCEDE y que los expedidos por este programa son los que son validos para tal tramite.
Por si lo anterior fuera poco, se han venido simulando asambleas en actas donde se priva de derechos ejidales a ejidatarios, reduciendose los ejidatarios “legalmente reconocidos” de 119 a 72 con el objeto de tener control de las decisiones y liquidar la resistencia de los ejidatarios a los despojos y la privatización.
Esto se da en un contexto donde los proyectos de desarrollo tales como la autopista ARCO NORTE, el anuncio de la Construcción de la nueva refinería bicentenario ha aumentado la avaricia de los caciques para vender tierras ejidales para la instalación de empresas y desarrollos inmobiliarios privados a costa de despojar de sus tierras a los ejidatarios y liquidar el ejido.
En Michimaloya se muestra en todo su esplendor la verdadera cara del PROCEDE: la herramienta mas eficaz de despojo contra los campesinos para privatizar la tierra, y el “Nuevo Procampo” su acompañante.
Por ello la FIOAC da absoluto respaldo a los campesinos de Michimaloya, llama a la resistencia organizada contra el Despojo Caciquil y a la defensa del ejido, y exige a las autoridades agrarias la restitución de los derechos ejidales de los ejidtarios opositores y a la Sagarpa la reinscripción inmediata e incondicional al Procampo para 2009.
